REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DEL MUNICIPIO SUCRE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA.- Lagunillas, Trece (13) de Octubre de dos mil Nueve.-
199° y 150°
Consta del Libelo de Demanda que el ciudadano GUSTAVO DAVILA, venezolano, mayor de edad, comerciante, divorciado, titular de la cédula de identidad N° V-5.198.215, domiciliado en San Juan, Municipio Sucre del Estado Mérida y hábil, asistido por los abogados CESAR ENRIQUE MARTINEZ MARRERO y CARLOS ELADIO PEÑA ZERPA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 14.386.754 y V-8.024.740, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 111.233 y 42.298, domiciliados en Lagunillas, y hábiles, instauró juicio por EJECUCIÓN DE PRENDA contra el ciudadano MANUEL ALEIRO VERA COLMENARES, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciantes, titular de la cédula de identidad N° V-15.922.210, domiciliado en Lagunillas, Municipio Sucre del Estado Mérida, y hábil, alegando el demandante que el ciudadano MANUEL ALEIRO VERA COLMENARES, ya identificado, constituyó a su favor PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO DE POSESIÓN conforme se evidencia de documento autenticado por ante la Notaría Pública de Ejido Estado Mérida en fecha 26/11/2008, anotado bajo el Nº 46, tomo 57, y posteriormente protocolizada por ante la oficina de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Mérida en fecha 30/9/2009, anotado bajo el Nº 13, folio 98 del Tomo 1,de Protocolo de Prensa Sin Desplazamiento de Posesión del año 2009, por un préstamo otorgado por la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 9.800, oo), solicitando la parte actora de conformidad con lo establecido en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, Medida de Secuestro sobre el bien dado en Prenda Sin Desplazamiento de Posesión sobre un Vehículo con las con las siguientes características: CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICK-UP; USO: CARGA; MARCA: CHEVROLET; MODELO: C-10; AÑO: 72; COLOR: ROJO; PLACA: 952UAG; SERIAL DE CARROCERÍA: C1734BC114395; SERIAL DE MOTOR: V052267HC; NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 5531JD525V20, conforme se evidencia de certificado de Registro de Vehículos Nº 2955203 - C1734BC114395-1-2 de fecha 21 de junio de 1999, emitido por el Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.-
Con estos antecedentes procesales, el Tribunal pasa a decidir: Observa este Sentenciador que la acción en la presente causa se fundamenta en un documento de Préstamo por la cantidad NUEVE MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 9.800,00) autenticado por ante la Notaría Pública de Ejido Estado Mérida en fecha 26/11/2008, anotado bajo el Nº 46, tomo 57, y posteriormente protocolizada por ante la oficina de
Registro Público del Municipio Sucre del Estado Mérida en fecha 30/9/2009, anotado bajo el Nº 13, folio 98 del Tomo 1, del Protocolo de Prensa Sin Desplazamiento de Posesión del año 2009, a través del cual se constituyó Prenda Sin Desplazamiento de Posesión sobre un vehículo anteriormente identificado, documento que corre inserto en los folios 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la pieza principal, y que la parte accionante solicita Medida de Secuestro de conformidad con el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, visto lo solicitado por la parte accionante en el presente juicio, el Tribunal lo hace previo a las consideraciones siguientes: Establece el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil: “Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.” (Negrita del Tribunal). Al respecto debe destacar este Tribunal y hacer la observación a la parte accionante, que el referido artículo no es el procedente para decretar lo solicitado, pero en razón de que la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión, en su regla Tercera articulo 74, establece: “…En el mismo auto en que se admitiere la demanda, el juez acordará intimación al deudor y al pignorante para que paguen dentro de los ocho días siguientes a la notificación y ordenará el secuestro de los bienes pignorados en manos de acreedor o de la persona que este señale…”, es por lo que acuerda el secuestro solicitado, y en consecuencia de conformidad con el articulo antes mencionado de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión, el decreto de las medidas NO ES POTESTATIVO para el Juez, no expresa esta norma que el juez “puede” o “podrá” dictar medidas provisionales, sino que el decreto de las medidas es ordenado por el legislador en términos imperativos, particularmente esta regla Tercera articulo 74, que regula el decreto de la referida medida en el procedimiento por Ejecución de Prenda Sin Desplazamiento de Posesión que expresa: “…y ordenará el secuestro de los bienes pignorados …” lo cual significa que el juez no tiene facultad discrecional para el otorgamiento o no de la medida sino que, efectuada la summaria cognitio respecto de los recaudos acompañados según los artículos 667 y 668 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 74 la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión y verificado que los mismos cumplan con los requisitos legales, el juez debe decretar la medida solicitada, por lo que en la referida medida en el presente procedimiento, no se exigen los
requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, sino que admitida la demanda por el procedimiento por Ejecución de Prenda (lo cual implica la valoración sumaria de los instrumentos fundamentales), y si la misma se sustenta en un documento constitutivo de prenda, es imperativo para el juzgador el decreto de la medida, sin ninguna otra exigencia adicional Y ASÍ SE DECLARA. Según lo expresado, el Juez, decretará dicha medida, sin más requisitos, y por cuanto la presente acción es por Ejecución de Prenda Sin Desplazamiento de Posesión, el Tribunal acuerda el decreto de la medida de secuestro sobre un Vehículo con las con las siguientes características: CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICK-UP; USO: CARGA; MARCA: CHEVROLET; MODELO: C-10; AÑO: 72; COLOR: ROJO; PLACA: 952UAG; SERIAL DE CARROCERÍA: C1734BC114395; SERIAL DE MOTOR: V052267HC; NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 5531JD525V20, conforme se evidencia de certificado de Registro de Vehículos Nº 2955203 - C1734BC114395-1-2 de fecha 21 de junio de 1999, emitido por el Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y por cuanto son suficientes los recaudos presentados, de conformidad con lo pautado en el artículo 667 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal decreta MEDIDA DE SECUESTRO sobre el vehículo propiedad del demandado ciudadano MANUEL ALEIRO VERA COLMENARES, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciantes, titular de la cédula de identidad N° V-15.922.210, domiciliado en Lagunillas, Municipio Sucre del Estado Mérida, y hábil. Se acordó formar el presente Cuaderno de Secuestro. Para la práctica de la medida de secuestro se comisiona amplia y suficientemente al JUZGADO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y ANTONIO PINTO SALINAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, a quien se acuerda remitir el presente cuaderno. Líbrese Cuaderno y remítase. Igualmente y de conformidad con la regla tercera del artículo 74 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión se ordena el depósito del inmueble secuestrado en la persona del acreedor ciudadano GUSTAVO DAVILA, venezolano, mayor de edad, comerciante, divorciado, titular de la cédula de identidad N° V-5.198.215, domiciliado en San Juan, Municipio Sucre del Estado Mérida y hábil, Fórmese cuaderno separado con copia del presente auto.- DADO FIRMADO SELLADO Y REFRENDADO EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO DEL MUNICIPIO SUCRE DE LA CIRCUNSCRIPICION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, En la ciudad de Lagunillas, Trece (13) de Octubre de dos mil Nueve. Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.-
EL JUEZ,
ABOG. VICTOR MANUEL BAPTISTA VASQUEZ
EL SECRETARIO TITULAR
ABG. WILLIAM J. REINOZA ABREU
En la misma fecha se remitió el cuaderno al comisionado con oficio N° 2750-354
Srio.-
Reinoza
EN SU NOMBRE
JUZGADO DEL MUNICIPIO SUCRE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA.- Lagunillas, Trece (13) de Octubre de dos mil Nueve.-
199° y 150°
Consta del Libelo de Demanda que el ciudadano GUSTAVO DAVILA, venezolano, mayor de edad, comerciante, divorciado, titular de la cédula de identidad N° V-5.198.215, domiciliado en San Juan, Municipio Sucre del Estado Mérida y hábil, asistido por los abogados CESAR ENRIQUE MARTINEZ MARRERO y CARLOS ELADIO PEÑA ZERPA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 14.386.754 y V-8.024.740, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 111.233 y 42.298, domiciliados en Lagunillas, y hábiles, instauró juicio por EJECUCIÓN DE PRENDA contra el ciudadano MANUEL ALEIRO VERA COLMENARES, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciantes, titular de la cédula de identidad N° V-15.922.210, domiciliado en Lagunillas, Municipio Sucre del Estado Mérida, y hábil, alegando el demandante que el ciudadano MANUEL ALEIRO VERA COLMENARES, ya identificado, constituyó a su favor PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO DE POSESIÓN conforme se evidencia de documento autenticado por ante la Notaría Pública de Ejido Estado Mérida en fecha 26/11/2008, anotado bajo el Nº 46, tomo 57, y posteriormente protocolizada por ante la oficina de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Mérida en fecha 30/9/2009, anotado bajo el Nº 13, folio 98 del Tomo 1,de Protocolo de Prensa Sin Desplazamiento de Posesión del año 2009, por un préstamo otorgado por la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 9.800, oo), solicitando la parte actora de conformidad con lo establecido en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, Medida de Secuestro sobre el bien dado en Prenda Sin Desplazamiento de Posesión sobre un Vehículo con las con las siguientes características: CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICK-UP; USO: CARGA; MARCA: CHEVROLET; MODELO: C-10; AÑO: 72; COLOR: ROJO; PLACA: 952UAG; SERIAL DE CARROCERÍA: C1734BC114395; SERIAL DE MOTOR: V052267HC; NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 5531JD525V20, conforme se evidencia de certificado de Registro de Vehículos Nº 2955203 - C1734BC114395-1-2 de fecha 21 de junio de 1999, emitido por el Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.-
Con estos antecedentes procesales, el Tribunal pasa a decidir: Observa este Sentenciador que la acción en la presente causa se fundamenta en un documento de Préstamo por la cantidad NUEVE MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 9.800,00) autenticado por ante la Notaría Pública de Ejido Estado Mérida en fecha 26/11/2008, anotado bajo el Nº 46, tomo 57, y posteriormente protocolizada por ante la oficina de
Registro Público del Municipio Sucre del Estado Mérida en fecha 30/9/2009, anotado bajo el Nº 13, folio 98 del Tomo 1, del Protocolo de Prensa Sin Desplazamiento de Posesión del año 2009, a través del cual se constituyó Prenda Sin Desplazamiento de Posesión sobre un vehículo anteriormente identificado, documento que corre inserto en los folios 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la pieza principal, y que la parte accionante solicita Medida de Secuestro de conformidad con el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, visto lo solicitado por la parte accionante en el presente juicio, el Tribunal lo hace previo a las consideraciones siguientes: Establece el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil: “Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.” (Negrita del Tribunal). Al respecto debe destacar este Tribunal y hacer la observación a la parte accionante, que el referido artículo no es el procedente para decretar lo solicitado, pero en razón de que la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión, en su regla Tercera articulo 74, establece: “…En el mismo auto en que se admitiere la demanda, el juez acordará intimación al deudor y al pignorante para que paguen dentro de los ocho días siguientes a la notificación y ordenará el secuestro de los bienes pignorados en manos de acreedor o de la persona que este señale…”, es por lo que acuerda el secuestro solicitado, y en consecuencia de conformidad con el articulo antes mencionado de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión, el decreto de las medidas NO ES POTESTATIVO para el Juez, no expresa esta norma que el juez “puede” o “podrá” dictar medidas provisionales, sino que el decreto de las medidas es ordenado por el legislador en términos imperativos, particularmente esta regla Tercera articulo 74, que regula el decreto de la referida medida en el procedimiento por Ejecución de Prenda Sin Desplazamiento de Posesión que expresa: “…y ordenará el secuestro de los bienes pignorados …” lo cual significa que el juez no tiene facultad discrecional para el otorgamiento o no de la medida sino que, efectuada la summaria cognitio respecto de los recaudos acompañados según los artículos 667 y 668 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 74 la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión y verificado que los mismos cumplan con los requisitos legales, el juez debe decretar la medida solicitada, por lo que en la referida medida en el presente procedimiento, no se exigen los
requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, sino que admitida la demanda por el procedimiento por Ejecución de Prenda (lo cual implica la valoración sumaria de los instrumentos fundamentales), y si la misma se sustenta en un documento constitutivo de prenda, es imperativo para el juzgador el decreto de la medida, sin ninguna otra exigencia adicional Y ASÍ SE DECLARA. Según lo expresado, el Juez, decretará dicha medida, sin más requisitos, y por cuanto la presente acción es por Ejecución de Prenda Sin Desplazamiento de Posesión, el Tribunal acuerda el decreto de la medida de secuestro sobre un Vehículo con las con las siguientes características: CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICK-UP; USO: CARGA; MARCA: CHEVROLET; MODELO: C-10; AÑO: 72; COLOR: ROJO; PLACA: 952UAG; SERIAL DE CARROCERÍA: C1734BC114395; SERIAL DE MOTOR: V052267HC; NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 5531JD525V20, conforme se evidencia de certificado de Registro de Vehículos Nº 2955203 - C1734BC114395-1-2 de fecha 21 de junio de 1999, emitido por el Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y por cuanto son suficientes los recaudos presentados, de conformidad con lo pautado en el artículo 667 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal decreta MEDIDA DE SECUESTRO sobre el vehículo propiedad del demandado ciudadano MANUEL ALEIRO VERA COLMENARES, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciantes, titular de la cédula de identidad N° V-15.922.210, domiciliado en Lagunillas, Municipio Sucre del Estado Mérida, y hábil. Se acordó formar el presente Cuaderno de Secuestro. Para la práctica de la medida de secuestro se comisiona amplia y suficientemente al JUZGADO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y ANTONIO PINTO SALINAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, a quien se acuerda remitir el presente cuaderno. Líbrese Cuaderno y remítase. Igualmente y de conformidad con la regla tercera del artículo 74 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión se ordena el depósito del inmueble secuestrado en la persona del acreedor ciudadano GUSTAVO DAVILA, venezolano, mayor de edad, comerciante, divorciado, titular de la cédula de identidad N° V-5.198.215, domiciliado en San Juan, Municipio Sucre del Estado Mérida y hábil, Fórmese cuaderno separado con copia del presente auto.- DADO FIRMADO SELLADO Y REFRENDADO EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO DEL MUNICIPIO SUCRE DE LA CIRCUNSCRIPICION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, En la ciudad de Lagunillas, Trece (13) de Octubre de dos mil Nueve. Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.-
EL JUEZ,
ABOG. VICTOR MANUEL BAPTISTA VASQUEZ
EL SECRETARIO TITULAR
ABG. WILLIAM J. REINOZA ABREU
En la misma fecha se remitió el cuaderno al comisionado con oficio N° 2750-354
Srio.-
Reinoza
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Expediente Nº 09-3889
Parte demandante: BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Maracaibo, Estado Zulia, cuya última modificación estatutaria fue inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 29 de noviembre de 2002, bajo los Nros. 79 y 80, Tomo 51-A.
Apoderado judiciales: JESÚS ESCUDERO ESTEVEZ y OLIMAR MÉNDEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 10.805.981 y 13.888.137, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 65.548 y 86.504, respectivamente.
Parte demandada: PEDRO ALEJANDRO AMARAL GARCÍA, venezolano, mayor de edad, divorciado, domiciliado en Calabozo, Estado Guárico, titular de la Cédula de Identidad Nro. 6.097.972.
Asunto: EJECUCIÓN DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO DE POSESIÓN.
-I-
Se inició el presente juicio mediante libelo presentado en fecha 20 de enero de 2009, por los abogados JESUS ESCUDERO ESTEVEZ y OLIMAR MENDEZ, en su carácter de apoderados judiciales del BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., por EJECUCIÓN DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO DE POSESIÓN, incoado contra el ciudadano PEDRO ALEJANDRO AMARAL GARCÍA, siendo admitido el día 29 de enero de 2009, librándose la respectiva boleta de intimación y comisionándose para la práctica de la intimación, al Juzgado Primero de los Municipios Francisco de Miranda, Camaguán y San Jerónimo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. En la misma fecha se decretó medida de secuestro sobre los bienes pignorados, y se exhortó al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, a fin que practicase la medida decretada.
Por diligencia del día 04 de febrero de 2009, la apoderada judicial actora solicitó copias certificadas, y asimismo, solicitó se designase correo especial al ciudadano Abraham Ochoa para trasladar los oficios Nros. 2009-036 y 2009-037 a sus destinatarios, contentivos de la boleta de intimación y del exhorto de la medida de secuestro. Tal solicitud fue acordada por el Tribunal en fecha 11 de febrero de 2009.
Por auto de fecha 21 de julio de 2009, la Juez provisorio de este Juzgado, a solicitud de la representación judicial actora, se abocó al conocimiento de la causa.
La apoderada judicial actora, en diligencia del día 18 de octubre de 2009, solicitó se corrigiese el exhorto librado el día 29 de enero de ese año, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, puesto que existe un error en su contenido, al comisionar a un Juzgado Ejecutor de Medidas para la práctica de la medida decretada.
-II-
Ahora bien, de la revisión minuciosa de los recaudos consignados junto con el libelo de demanda, se desprende, específicamente de los documentos signados con las letras “B” y “C”, que el BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., concedió a PEDRO ALEJANDRO AMARAL GARCÍA, mediante el primer documento, un préstamo agrícola hasta por la cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 193.520.000,00), y para garantizar dicho préstamo el ciudadano PEDRO ALEJANDRO AMARAL GARCÍA, constituyó PRENDA sobre el siguiente bien: Una (1) cosechadora de granos 4WD C/Cabina; Marca Massey Ferguson; Modelo MF5650 4WD; Serial Chasis: 5650175552; Serial Motor: 30785399; Mesa de Arroz/Sorgo 5.10 Mts., Serial de Chasis: 5100174981.
Asimismo, mediante el segundo documento marcado “C”, el BANCO concedió al mismo ciudadano, un préstamo agrícola hasta por la cantidad de CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES (Bs. 114.871.668,00), y para garantizar dicho préstamo el ciudadano PEDRO ALEJANDRO AMARAL GARCÍA, constituyó PRENDA sobre los siguientes bienes: 1) Un (1) tractor agrícola Marca Massey Ferguson, Modelo 298 4WD, Serial Chassis 2984170604, Serial Motor: YA31491B000964L; 2) Un (1) tractor agrícola Marca Massey Ferguson, Modelo 298 4WD, Serial Chassis 2984170605, Serial Motor: YA31491B000978L.
Los bienes dados en garantía se encuentran ubicados en la Parcela Nro. 205 del Asentamiento Campesino Sistema de Riego Río Guárico, Parroquia Calabozo del Municipio Miranda, Estado Guárico.
Ambos documentos están protocolizados ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Miranda del Estado Guárico, Calabozo, en fechas 16 de agosto de 2005 y 23 de septiembre de 2004, el primero anotado bajo el Nro. 26, Folio 307 al 340, Protocolo Prenda sin Desplazamiento de Posesión, Tomo Primero, Tercer Trimestre; y el segundo anotado bajo el Nro. 4, Folio 58 al 86, Protocolo Prenda sin Desplazamiento de Posesión, Tomo Primero, Tercer Trimestre.
Igualmente, se observa del libelo de demanda y de los contratos de crédito que las partes eligieron como domicilio especial a la ciudad de Caracas, y que la parte demandada, ciudadano PEDRO ALEJANDRO AMARAL GARCÍA, está domiciliado en Calabozo, Estado Guárico.
Además, en el libelo de demanda, específicamente en el capítulo VI, se observa que el apoderado actor intenta una acción de Ejecución de Prenda sin Desplazamiento de Posesión, al señalar expresamente lo siguiente:
Omissis...“Fundamentamos el derecho de nuestro representado a ejercer todas las acciones y recursos judiciales para lograr el pago de la suma adeudada, en los artículos 51 y 67 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión”...
-III-
Así pues, la ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, en su Título IV, de las Disposiciones procesales en materia de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de Posesión, Capítulo III, artículos 74 y siguientes, establece el procedimiento a seguir en este juicio. Y específicamente el artículo 74, regla Primera, señala:
Sic: “El procedimiento de ejecución pignoraticia se desarrollará de acuerdo a las siguientes reglas:
PRIMERA: Salvo caso de sumisión expresa, será competente el Juez Mercantil, tomando en consideración la cuantía de la demanda, del lugar en que se encuentren, estén almacenados o se consideren depositados los bienes dados en prenda.” …omissis…
(Subrayado de este Tribunal).
Del artículo parcialmente transcrito, se desprende sin lugar a dudas, que salvo pacto expreso, conocerá de las acciones de ejecución de prenda sin desplazamiento de posesión, el juez del lugar donde se encuentren o estén almacenados los bienes dados en prenda, considerando la cuantía.
Ahora bien, en el caso de marras, si bien es cierto que mediante los documentos marcados “B” y “C” las partes eligieron como domicilio especial la cuidad de Caracas, no es menos cierto, que la jurisdicción especial agraria tiene un fuero atrayente y más aún, cuando así lo establece expresamente la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, que conocerá de estos juicios, el juez del lugar donde se encuentren o estén almacenados los bienes dados en prenda, considerando la cuantía, sin que pueda relajarse dicha norma.
Ahora bien, el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil establece:
“La competencia por el territorio puede derogarse por convenio de las partes, caso en el cual la demanda podrá proponerse ante la autoridad judicial del lugar que se haya elegido como domicilio. La derogación no podrá efectuarse cuando se trate de causas en las que debe intervenir el Ministerio Público, ni en cualquier otro en que la ley expresamente lo determine”.
Asimismo, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su Capítulo XIV, de la Ejecución de la Sentencia, específicamente en su artículo 241, establece lo siguiente:
“Artículo 241. Los Juzgados de primera instancia agraria ejecutarán las sentencias definitivamente firmes o cualquier otro acto equivalente que tenga fuerza de cosa juzgada.” (Subrayado y negrillas del tribunal)
Del artículo precedentemente trascrito, se desprende sin lugar a dudas que la Ley de Tierras es clara y precisa al señalar que los juzgados de instancia ejecutarán las sentencias declaradas firmes o actos que tenga fuerza de cosa juzgada, no permitiendo así dicha norma, que se relaje tal acto.
Más aún, la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, establece en su regla Tercera que, en el auto que se admite la demanda, el Juez acordará la intimación del deudor y al pignorante y a su vez, ordenará el secuestro de los bienes pignorados en manos del acreedor o de la persona que éste señale.
Así pues, por cuanto se observa que aún no se ha materializado la intimación del demandado, ni la medida de secuestro decretada en fecha 29 de enero de 2009, este Tribunal de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declara su incompetencia sobrevenida por el territorio para conocer de la presente causa, en virtud de tratarse de una ejecución de prenda sin desplazamiento de posesión, la cual debe tramitarse conforme a la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, creando dicha norma una imposibilidad material en este juzgado para la tramitación del procedimiento.
En tal razón y en virtud de los razonamientos antes expuestos, considera este Juzgado que el órgano jurisdiccional competente para conocer del presente caso, es el Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en Calabozo. Así se declara.
-III-
Por lo expuesto, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara su INCOMPETENCIA SOBREVENIDA POR EL TERRITORIO para conocer la presente causa. En consecuencia, se ordena remitir el presente expediente original al Tribunal Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en Calabozo, en virtud de la incompetencia por el territorio declarada. Líbrese oficio. Cúmplase.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
JUEZA,
Dra. LINDA LUGO MARCANO
LA SECRETARIA,
ABG. DAYANA TAPIA CARABALLO
En la misma fecha, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), se registró y publicó el anterior fallo.
LA SECRETARIA,
ABG. DAYANA TAPIA CARABALLO
Exp. N° 09-3889
LLM/DTC/eleana.-
EN SU NOMBRE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Expediente Nº 09-3889
Parte demandante: BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Maracaibo, Estado Zulia, cuya última modificación estatutaria fue inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 29 de noviembre de 2002, bajo los Nros. 79 y 80, Tomo 51-A.
Apoderado judiciales: JESÚS ESCUDERO ESTEVEZ y OLIMAR MÉNDEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 10.805.981 y 13.888.137, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 65.548 y 86.504, respectivamente.
Parte demandada: PEDRO ALEJANDRO AMARAL GARCÍA, venezolano, mayor de edad, divorciado, domiciliado en Calabozo, Estado Guárico, titular de la Cédula de Identidad Nro. 6.097.972.
Asunto: EJECUCIÓN DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO DE POSESIÓN.
-I-
Se inició el presente juicio mediante libelo presentado en fecha 20 de enero de 2009, por los abogados JESUS ESCUDERO ESTEVEZ y OLIMAR MENDEZ, en su carácter de apoderados judiciales del BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., por EJECUCIÓN DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO DE POSESIÓN, incoado contra el ciudadano PEDRO ALEJANDRO AMARAL GARCÍA, siendo admitido el día 29 de enero de 2009, librándose la respectiva boleta de intimación y comisionándose para la práctica de la intimación, al Juzgado Primero de los Municipios Francisco de Miranda, Camaguán y San Jerónimo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. En la misma fecha se decretó medida de secuestro sobre los bienes pignorados, y se exhortó al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, a fin que practicase la medida decretada.
Por diligencia del día 04 de febrero de 2009, la apoderada judicial actora solicitó copias certificadas, y asimismo, solicitó se designase correo especial al ciudadano Abraham Ochoa para trasladar los oficios Nros. 2009-036 y 2009-037 a sus destinatarios, contentivos de la boleta de intimación y del exhorto de la medida de secuestro. Tal solicitud fue acordada por el Tribunal en fecha 11 de febrero de 2009.
Por auto de fecha 21 de julio de 2009, la Juez provisorio de este Juzgado, a solicitud de la representación judicial actora, se abocó al conocimiento de la causa.
La apoderada judicial actora, en diligencia del día 18 de octubre de 2009, solicitó se corrigiese el exhorto librado el día 29 de enero de ese año, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, puesto que existe un error en su contenido, al comisionar a un Juzgado Ejecutor de Medidas para la práctica de la medida decretada.
-II-
Ahora bien, de la revisión minuciosa de los recaudos consignados junto con el libelo de demanda, se desprende, específicamente de los documentos signados con las letras “B” y “C”, que el BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., concedió a PEDRO ALEJANDRO AMARAL GARCÍA, mediante el primer documento, un préstamo agrícola hasta por la cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 193.520.000,00), y para garantizar dicho préstamo el ciudadano PEDRO ALEJANDRO AMARAL GARCÍA, constituyó PRENDA sobre el siguiente bien: Una (1) cosechadora de granos 4WD C/Cabina; Marca Massey Ferguson; Modelo MF5650 4WD; Serial Chasis: 5650175552; Serial Motor: 30785399; Mesa de Arroz/Sorgo 5.10 Mts., Serial de Chasis: 5100174981.
Asimismo, mediante el segundo documento marcado “C”, el BANCO concedió al mismo ciudadano, un préstamo agrícola hasta por la cantidad de CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES (Bs. 114.871.668,00), y para garantizar dicho préstamo el ciudadano PEDRO ALEJANDRO AMARAL GARCÍA, constituyó PRENDA sobre los siguientes bienes: 1) Un (1) tractor agrícola Marca Massey Ferguson, Modelo 298 4WD, Serial Chassis 2984170604, Serial Motor: YA31491B000964L; 2) Un (1) tractor agrícola Marca Massey Ferguson, Modelo 298 4WD, Serial Chassis 2984170605, Serial Motor: YA31491B000978L.
Los bienes dados en garantía se encuentran ubicados en la Parcela Nro. 205 del Asentamiento Campesino Sistema de Riego Río Guárico, Parroquia Calabozo del Municipio Miranda, Estado Guárico.
Ambos documentos están protocolizados ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Miranda del Estado Guárico, Calabozo, en fechas 16 de agosto de 2005 y 23 de septiembre de 2004, el primero anotado bajo el Nro. 26, Folio 307 al 340, Protocolo Prenda sin Desplazamiento de Posesión, Tomo Primero, Tercer Trimestre; y el segundo anotado bajo el Nro. 4, Folio 58 al 86, Protocolo Prenda sin Desplazamiento de Posesión, Tomo Primero, Tercer Trimestre.
Igualmente, se observa del libelo de demanda y de los contratos de crédito que las partes eligieron como domicilio especial a la ciudad de Caracas, y que la parte demandada, ciudadano PEDRO ALEJANDRO AMARAL GARCÍA, está domiciliado en Calabozo, Estado Guárico.
Además, en el libelo de demanda, específicamente en el capítulo VI, se observa que el apoderado actor intenta una acción de Ejecución de Prenda sin Desplazamiento de Posesión, al señalar expresamente lo siguiente:
Omissis...“Fundamentamos el derecho de nuestro representado a ejercer todas las acciones y recursos judiciales para lograr el pago de la suma adeudada, en los artículos 51 y 67 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión”...
-III-
Así pues, la ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, en su Título IV, de las Disposiciones procesales en materia de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de Posesión, Capítulo III, artículos 74 y siguientes, establece el procedimiento a seguir en este juicio. Y específicamente el artículo 74, regla Primera, señala:
Sic: “El procedimiento de ejecución pignoraticia se desarrollará de acuerdo a las siguientes reglas:
PRIMERA: Salvo caso de sumisión expresa, será competente el Juez Mercantil, tomando en consideración la cuantía de la demanda, del lugar en que se encuentren, estén almacenados o se consideren depositados los bienes dados en prenda.” …omissis…
(Subrayado de este Tribunal).
Del artículo parcialmente transcrito, se desprende sin lugar a dudas, que salvo pacto expreso, conocerá de las acciones de ejecución de prenda sin desplazamiento de posesión, el juez del lugar donde se encuentren o estén almacenados los bienes dados en prenda, considerando la cuantía.
Ahora bien, en el caso de marras, si bien es cierto que mediante los documentos marcados “B” y “C” las partes eligieron como domicilio especial la cuidad de Caracas, no es menos cierto, que la jurisdicción especial agraria tiene un fuero atrayente y más aún, cuando así lo establece expresamente la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, que conocerá de estos juicios, el juez del lugar donde se encuentren o estén almacenados los bienes dados en prenda, considerando la cuantía, sin que pueda relajarse dicha norma.
Ahora bien, el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil establece:
“La competencia por el territorio puede derogarse por convenio de las partes, caso en el cual la demanda podrá proponerse ante la autoridad judicial del lugar que se haya elegido como domicilio. La derogación no podrá efectuarse cuando se trate de causas en las que debe intervenir el Ministerio Público, ni en cualquier otro en que la ley expresamente lo determine”.
Asimismo, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su Capítulo XIV, de la Ejecución de la Sentencia, específicamente en su artículo 241, establece lo siguiente:
“Artículo 241. Los Juzgados de primera instancia agraria ejecutarán las sentencias definitivamente firmes o cualquier otro acto equivalente que tenga fuerza de cosa juzgada.” (Subrayado y negrillas del tribunal)
Del artículo precedentemente trascrito, se desprende sin lugar a dudas que la Ley de Tierras es clara y precisa al señalar que los juzgados de instancia ejecutarán las sentencias declaradas firmes o actos que tenga fuerza de cosa juzgada, no permitiendo así dicha norma, que se relaje tal acto.
Más aún, la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, establece en su regla Tercera que, en el auto que se admite la demanda, el Juez acordará la intimación del deudor y al pignorante y a su vez, ordenará el secuestro de los bienes pignorados en manos del acreedor o de la persona que éste señale.
Así pues, por cuanto se observa que aún no se ha materializado la intimación del demandado, ni la medida de secuestro decretada en fecha 29 de enero de 2009, este Tribunal de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declara su incompetencia sobrevenida por el territorio para conocer de la presente causa, en virtud de tratarse de una ejecución de prenda sin desplazamiento de posesión, la cual debe tramitarse conforme a la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, creando dicha norma una imposibilidad material en este juzgado para la tramitación del procedimiento.
En tal razón y en virtud de los razonamientos antes expuestos, considera este Juzgado que el órgano jurisdiccional competente para conocer del presente caso, es el Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en Calabozo. Así se declara.
-III-
Por lo expuesto, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara su INCOMPETENCIA SOBREVENIDA POR EL TERRITORIO para conocer la presente causa. En consecuencia, se ordena remitir el presente expediente original al Tribunal Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en Calabozo, en virtud de la incompetencia por el territorio declarada. Líbrese oficio. Cúmplase.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
JUEZA,
Dra. LINDA LUGO MARCANO
LA SECRETARIA,
ABG. DAYANA TAPIA CARABALLO
En la misma fecha, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), se registró y publicó el anterior fallo.
LA SECRETARIA,
ABG. DAYANA TAPIA CARABALLO
Exp. N° 09-3889
LLM/DTC/eleana.-
